PANAMÁ: INDÍGENAS SE ENFRENTAN A LA MINERÍA

Las etnias Ngöbe y los Buglés son  grupos indígenas del territorio panameño que se enfrentaron a los españoles el siglo XVI. El cacique Urracá se resistió tenazmente por 9 años. A partir de 1930 fueron desplazados de las planicies fértiles del Pacífico y de las selvas bañadas por el Craibe a las montañas de la cordillera central. En 1997 se dicta la Ley que crea su comarca, la cual tiene hermosos lugares naturales con potencial ecoturístico. Los Buglé hablan el sabanero-bokotá o murire. Los Ngöbe hablan el ngóbere o moveré. En ambos grupos, los hombres tienen tantas mujeres como puedan mantener. Se dedicaban a la agricultura aunque actualmente, más de la mitad de ellos trabaja en las grandes plantaciones, de café, banano, arroz, caña y hortalizas en el occidente de Panamá. Se caracterizan por un profundo amor  a sus antepasados y son leales, valientes y místicos. Su comarca tiene 7 distritos y 58 corregimientos. Su área es 6,968 kilómetros cuadrados y su población es de 154 mil habitantes.

En febrero de 2011, estas etnias cuyo territorio es rico en oro y cobre, se sintieron amenazados con una ley que permite la explotación minera por grandes empresas que contaminarían el medio ambiente. Bloquearon la carretera interamericana en las provincias Veraguas y Chiriquí, así como hubo enfrentamientos con la policía con un saldo de decenas de heridos de las dos partes. Un acuerdo de 6 puntos con el gobierno, que ofreció una ley que prohibiera la minería en territorios indígenas y proteja los recursos hídricos, puso fin a las protestas. Se ofreció también la liberación de los manifestantes detenidos.

Sin embargo, ante el incumplimiento gubernamental, hoy 18 de julio, los Ngöbe y Buglés volvieron a cerrar la interamericana en San Félix, Ojo de Agua y Palmas de Veraguas. También rechazan a la hidroeléctrica en Barro Blanco y exigen programas el desarrollo de los pueblos indígenas. Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinara de su coordinadora, dijo que el gobierno había desatendido su proyecto contra la creación de asientos mineros en sus territorios, a lo que se comprometió el presidente Martinelli cuando se puso fin a las protestas de febrero pasado. Agregó que tampoco han cumplido con atender a los heridos por perdigones de las fuerzas antimotines.

Por su parte, el gobierno ha asegurado que el código minero es para proteger a las comunidades, aumentar tributos y regalías en beneficio del Estado y  de las propias comunidades indígenas y campesinas. Los opositores partidos PRD y PP se resisten a los cambios y han pedido un referendo para definir el uso del patrimonio minero del país. En horas de la tarde, los grupos  que mantenían bloqueada la Interamericana en San Félix, suspendieron las protestas, tras dialogar con la gobernadora de esa provincia de Chiriquí, Aixa Santa María. Sin embargo, advirtieron que retomarían sus medidas de lucha si el gobierno no honra su palabra.

Hay muchos casos e Latinoamérica de pueblos indígenas que no sienten suyo el pretendido “progreso” que se les quiere imponer, según el cual se benefician algunas grandes empresas de sus recursos naturales, a cambio de contaminación y el pago de unos impuestos que nunca los beneficia realmente. Panamá debe evitar que ocurra en su país, lo que ocurrió en 2009 con los indígenas peruanos de la selva, que costó la vida a decenas de policías y pobladores por la negligencia y desidia cómplice del gobierno de Alan García.