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lunes, 14 de noviembre de 2011

CHILE: FALLA PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS

Según la Constitución Política de Chile, una de las funciones del Ministerio Público es la adopción de medidas de protección de víctimas y testigos. La Ley N° 19.640 (Ley Orgánica del Ministerio Público) crea la División Nacional de Atención a Víctimas y Testigos (DAVT), disponiendo que en las regiones se creen Unidades  para este fin, con carácter operativo para su atención y protección. La creación de un fondo económico específico, le ha permitido a las Unidades Regionales, la adquisición de implementos que faciliten la protección como celulares, alarmas personales, biombos que impiden que los testigos sean vistos, cámaras y circuitos cerrados, software para distorsión de voz etc. El Código de Procedimientos Penales, señala también esta garantía que deberán ofrecer los fiscales durante todo el proceso.
 Entre las medidas que pueden adoptar se encuentran las rondas de los carabineros en el domicilio del testigo, consultas telefónicas periódicas, alarmas o timbres de  emergencia, cambio de domicilio del testigo, variación del número telefónico, aseguramiento de defensas del domicilio y entrega de celulares. Puede pedirse autorización judicial para decretar medidas restrictivas de la libertad del imputado, su prisión preventiva, reserva de la identidad en el proceso y cambio de identidad, impedir la presencia de algunas personas en las audiencias, prohibición a fiscales y abogados de ambas partes de dar información a los medios de comunicación, etc.
Debido a que en Chile, el crimen organizado no tiene grandes dimensiones, se tiene la creencia, por parte de los operadores penales, que la protección de testigos no es tan necesaria, lo que es un obstáculo para dar las garantías suficientes a la ciudadanía. Es evidente que se requiere una coordinación a nivel policial para que estas medidas sean eficientes así como una coordinación internacional que permita enfrentar delitos transnacionales como la trata de personas, narcotráfico, etc. También se necesita contar con personal altamente calificado e inteligencia, protección de personas, custodia de instalaciones, etc. Recientemente se lanzó un Plan especial para protección de víctimas y testigos de casos complejos que comprometía a la Policía de Investigación, Carabineros y Ministerio Público.
Hoy se informó en Chile que dos viviendas resultaron destruidas por un incendio provocado a las 21 horas de anoche, en la zona de conflicto indígena del sector Tricauco, comuna de Ercilla. Las casas de propiedad de José Martín Martín, contaban con  vigilancia especial de Carabineros por orden de los Tribunales. Un testigo  declaró ante el fiscal que dos individuos habrían prendido fuego a la primera casa de este señor con combustible y como tiene una segunda casa adosada a la primera, también resultó quemada. José Martín Martín, declaró como testigo protegido y se logró dictar condena por delito terrorista para Patricia Troncoso Robles, alias “La Chepa”, Aniceto Norin y Pascual Pichún, como  autores del incendio al fundo Poluco Pidenco, de la empresa forestal Mininco, ocurrido en diciembre de 2001.

Rodrigo Hinzpeter y Sebastián Piñera

Por su parte, el Gobierno Regional confirmó que mañana el Intendente presentará una querella criminal contra quienes resulten responsables, en el Juzgado de Garantía de Collipulli. El ministro del interior y uno de los más cercanos colaboradores del presidente Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, y el Fiscal Nacional, Alberto Ayala, concordaron  al definir como "delicado y grave" el ataque que sufrió la casa del testigo en Ercilla. "Las personas que se han acogido al sistema de testigos protegidos para esclarecer un hecho delictual, han sido convencidos, bajo un esquema en el que el Estado les debe dar protección", declaró el ministro. Pidió que el Ministerio Público investigue los hechos con "la mayor celeridad, para tratar de esclarecer quiénes están detrás de este atentado". Ayala declaró que ya se iniciaron las investigaciones para aclarar cómo se filtró el nombre del testigo “y analizar con las entidades encargadas de la protección, cuáles son las falencias que han existido".

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