HONDURAS: POLICÍA Y CORRUPCIÓN

Universalmente, la Policía es la fuerza de seguridad cuya función es mantener el orden público y velar por la seguridad de los integrantes de una sociedad. Tiene una función disuasoria e investigadora de los crímenes contra las personas y los bienes públicos. Su accionar está a órdenes de la autoridad política y su administración puede ser nacional o regional. Se organiza de manera cuasi militar. La normatividad policial se da para hacer efectivos los derechos y libertades y no para negarlos o vulnerarlos, sin embargo tiene la facultad de limitarlos sólo cuando es en beneficio de la comunidad. Los reglamentos norman el uso de las armas por parte de la policía que pueden ser de fuego o no mortales como escudos, porras, balas de goma, etc. Por su cercanía al mundo del hampa, muchas veces se ve involucrada en hechos de corrupción, lo que se apoya en un mal entendido “espíritu de cuerpo” que hace difícil denunciar a los infractores. Para enfrentar este mal, se emplean organizaciones independientes que se encargan de las investigaciones como el FBI de EEUU, aunque no siempre cumplen su cometido.



Porfirio Lobo y Julieta Castellanos



La Policía Nacional de Honduras es el órgano encargado de mantener el orden  y la seguridad públicos y de velar por la aplicación y el cumplimiento de las leyes en el país. Fue disuelta en 1959 y recién en 1998 se separa de las Fuerzas Armadas de las que dependía, siendo presidente Carlos Roberto Flores. Está presente en los 18 departamentos, tiene 14 mil miembros de los cuales 846 son oficiales, 11,810 son sub oficiales y 1,344 son auxiliares. Debido a la evidente infiltración criminal en la Policía de este país, el Presidente Porfirio Lobo encargó a un grupo técnico de académicos que estudiara la realidad policial y presentara un informe para su reestructuración. La rectora de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, presidía el equipo encargado y ha informado que hay quienes se oponen por estar coludidos con el crimen organizado. Se refería a la negativa del Ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, de que se nombre una Junta Interventora para la policía con supervisión internacional y aseveró que los cambios de los mandos producidos son una rotación sin llegar al fondo del problema. “La policía es la organización criminal más peligrosa”, concluyó.

El Presidente de la República había declarado que aplicaría las recomendaciones del grupo técnico, lo que se ve poco probable por la resistencia al interior de su gobierno. Mientras se llevaba a cabo el estudio encargado por el presidente,  el 22 de octubre pasado, elementos policiales mataron a Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora. Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) informó que han recibido unas 9,216 denuncias en contra de policías de enero de 2005 a julio de 2011, siendo las más imputadas la Policía Preventiva y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Las causas más comunes de las acusaciones son ejercicio indebido del servidor público, malos tratos, negligencia, detenciones ilegales y torturas. El comisionado de derechos humanos, Ramón Custodio, pidió estar alerta ya que “todos estamos en peligro porque hay un aparato organizado de poder en el cual agentes y oficiales de policía creen que tienen licencia para matar, robar y extorsionar”. Exigió la intervención inmediata al Presidente Lobo ya que “la policía es del pueblo, la paga el pueblo, pero no para que trabaje en contra del pueblo y aquí está más garantizada la seguridad de los criminales, delincuentes y del crimen organizado que de las personas honestas de este país y a esto hay que ponerle un punto final”.