PROSTITUTAS Y SERVICIO SECRETO: LOS CHICOS DE OBAMA SE DIVIERTEN

Las Cumbres de las Américas se repiten desde 1994 y reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros de los países de las Américas.  En ese contexto, la  Sexta Cumbre de las Américas se celebró  en Cartagena, Colombia los días 14 y 15 de abril de 2012. Si hiciéramos una encuesta sobre qué se recuerda más de este evento, con seguridad que no será su lema “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”. Tampoco será lo más resaltante la negativa  a participar de Rafael Correa, Daniel Ortega y Hugo Chávez en solidaridad con Cuba, país expulsado de la OEA el 31 de enero de 1962 porque el “Gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un Gobierno marxista-leninista es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano”. Ni siquiera será lo más vivo en la memoria colectiva, la entonación del himno colombiano por la sensual cantante de pop Shakira.

Sin duda que la noticia de mayor difusión como consecuencia de este cónclave presidencial será el escándalo protagonizado por los implacables guardaespaldas y miembros del Servicio Secreto de los Estados Unidos quienes tenían la misión de asegurarse que la integridad del mandatario norteamericano estuviera garantizada. Sucedió que dos días antes del arribo de Obama a Cartagena, los muchachos del presidente decidieron dar un vistazo por el conocido local de diversión y tolerancia Pley Club, ubicado en la avenida El Bosque. En este local cuya máxima es “De la fantasía a la realidad” y que anuncia su especialidad en despedidas de solteros, striptease, baile en el tubo y habitaciones para cumplir los sueños más anhelados, bebieron y se deleitaron con las cimbreantes jovencitas que atienden a los clientes. Y como reza el viejo dicho, en el fondo del vaso se encuentra la lujuria; los bravos custodios del hombre más poderoso del mundo decidieron llevar a las damiselas a sus lujosas habitaciones del Hotel Caribe.

Y ahí es cuando se produjo el escándalo pues al menos uno de ellos quiso regatear el precio del servicio ofreciendo sólo 30 dólares en lugar de los 800 que habrían sido pactados. Esto originó la ira de la joven que lo denunció ante un policía en recepción con el que volvió a la habitación a exigir su dinero. Ante los gritos y en medio de una habitación con botellas de licor y, según algunos, cocaína, el agente secreto llegó a entregar 225 dólares. Al menos 11 agentes del servicio y 10 militares estaban junto con 21 prostitutas en el hotel, según Susan Collins, líder del Comité de Seguridad Nacional del Senado estadounidense.  Los legisladores de EEUU. expresaron su preocupación por que las mujeres pudieran haber obtenido acceso a información clave de la seguridad del mandatario. Según el New York Post, la joven se llamaría Dania Londoño Suárez, madre soltera de 24 años. Fuentes del Departamento de Defensa comentan que más de cinco militares estarían también implicados en este caso y que 11 agentes del Servicio Secreto han sido suspendidos de sus cargos mientras se realiza una investigación.

La trascendencia ha sido tal que el general Martin Dempsey del Pentágono ha expresado sentirse avergonzado por lo ocurrido y por “haber fallado al jefe”, sentimiento compartido por el Secretario de Defensa, Leon Panetta. El Servicio Secreto ha anunciado normas de mayor restricción a sus agentes en misión oficial prohibiendo el ingreso de extranjeros a sus habitaciones, visitar lugares “de dudosa reputación” y beber en abundancia.  De otro lado, el abogado de la joven denunciante,  de apellido Betancourt dijo a un diario de Nueva York que la mujer ya no se encuentra en Cartagena y que no busca dinero sino que quiere hacer valer sus derechos pues fue “maltratada” por el agente mediante improperios. Refirió que aún no determina si tomará acciones contra el Servicio Secreto o contra el Gobierno estadounidense.

COLOMBIA ENFRENTA AL CRIMEN

El lavado de dinero es un proceso criminal por medio del cual se esconde el origen de los recursos económicos generados por acciones al margen de la ley como  narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, trata de blancas, piratería, secuestro, extorsión, trabajo ilegal y terrorismo. También es conocido como lavado de activos, lavado de capitales o blanqueo de dinero. Mediante estas actividades se logra que el dinero y activos provenientes de estas fuentes ilegales aparezcan como correspondientes a emprendimientos legales y logren su libre circulación en el mundo financiero. En la era de la globalización, los problemas del lavado son de alcance mundial. Los que blanquean dinero, aprovechan la complejidad del sistema financiero mundial, así como  las diferencias legales y los sistemas nacionales de prevención y se sienten especialmente atraídos por jurisdicciones con controles deficientes o ineficaces hacia donde es más fácil transferir sus fondos sin detección. Por ello, los problemas en un país pueden propagarse al resto de la región o a otras áreas del mundo muy rápidamente. Puede deteriorar la integridad de las instituciones y los sistemas financieros, desalentar la inversión y desdibujar los flujos internacionales de capital. Incide negativamente en la estabilidad financiera y la evolución económica de un país.

Esta actividad tiene diversas técnicas como la estructuración o trabajo de hormiga, complicidad con funcionarios o entidades financieras, mezclar fondos ilegales con dineros de empresas legales y empresas de fachada que tienen una organización legal que sirve de máscara para lavar fondos ilegítimos. También lo hacen mediante la compra de bienes o instrumentos monetarios con dinero en efectivo, con la complicidad de los vendedores, transporte y contrabando de efectivo, transferencias bancarias o electrónicas, venta o exportación de bienes para dificultar el rastreo y compra de inmuebles bajo su precio para después venderlos a su precio real y justificar ganancias. Finalmente, emplean la creación de compañías de portafolio o “Shell company” que solo existen en papeles y sirven de disfraz para movimientos ilícitos, la complicidad de la banca extranjera para legalizar fondos, falsas facturas de importación o exportación para sobrevalorar u subvaluar, según convenga y garantías de préstamos y ventas de valores a falsos intermediarios con el fin de venderse bienes a si mismos.

En 1998, la ONU logró un acuerdo internacional para la lucha contra el lavado de dinero adoptando los principios de una cooperación jurídica internacional en materia penal contra esta lacra. La gran mayoría de las organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivel mundial como el FMI, OEA, Unión Europea, OTAN, Consejo de Europa, FMI, Banco Mundial, etc. En este contexto, tiene mucho valor que Colombia, azotada por la violencia y el narcotráfico, haya superado las expectativas internacionales y sea un modelo en programas anti-lavado, tanto que se utiliza en foros internacionales como un ejemplo a seguir para superar crisis de confianza en el sistema financiero. Es así que en una cita del Comité Político y Seguridad de la Unión Europea, el ministro del interior colombiano, Germán Vargas Lleras, declaró que en Colombia se lavan unos 8,800 millones de dólares y equivale al 3% de su PBI. Destacó que Colombia ha aumentado las penas por blanqueo, “aprobó  una política en la materia y trabaja de la mano con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para que la sociedad tome conciencia de los peligros del lavado, la financiación del terrorismo y el contrabando”.

Germán Vargas LLeras

Vargas LLeras, resaltó que el ahínco de Colombia para acabar con este delito fue destacado en la  evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud), que ubicó a Colombia en el primer lugar entre los países que combaten este flagelo. Comentó que el viejo continente estudia la posibilidad de llevar la experiencia colombiana en lucha contra la drogas. Este país tiene experiencia en erradicación de cultivos bajo la modalidad de aspersión y en programas alternativos de sustitución en la que le ofrece alternativas de erradicación manual y garantiza ingresos a los campesinos, además de comprometerlos en otras actividades como el programa de Familias Guardabosques. “Nuestra experiencia es en todos los aspectos relacionados con la cadena, desde el área de cultivo, transformación, comercialización, envío al exterior y luego las investigaciones, judicialización de los narcotraficantes, así como también los programas de extinción de bienes, que es lo que más les duele”, expuso el ministro quien comentó que su país podrá contribuir con su experiencia a prestar una mayor colaboración a terceros países, como lo hemos hecho ya en México.

ALABAMA Y LA ÚLTIMA LEY DE TERROR PARA INMIGRANTES ILEGALES

Alabama es un estado situado al sur de los Estados Unidos. Los primeros pobladores de los que se tiene registro, son las  tribus indoamericanas  cherokee, creek, choctaw  y chickasaw. Fueron descubiertos para occidente por los españoles Juan Ponce de León y Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Como gran parte del sudeste del país, tuvieron siempre gran influencia  francesa, española y luego latinoamericana. Hoy se han registrado en Alabama 187 mil latinos, pero si se suman los indocumentados deberían llegar a 250 mil.  El 65% son mexicanos, le siguen hondureños y guatemaltecos. La mayoría trabaja en criaderos de pollos, construcción y servicios, labores que los originarios del Estado no desean realizar.



Gobernador Robert Bentley



Siguiendo los pasos de Arizona, en abril de 2010 y Georgia, en mayo de 2011, el gobernador de Alabama, Robert Bentley, promulgó el 9 de junio de 2011 la ley HB56 que criminaliza la estadía indocumentada de personas, lo que en el resto del país es una falta civil, no penal. Pese al reclamo de colectivos sociales y defensores de los derechos humanos, la ley fue aprobada por amplia mayoría en el congreso estatal, debiendo entrar en vigencia a partir del 1 de septiembre. Los políticos son conscientes del temor que van a causar y esperan que esa sensación haga que los “indeseables” se vayan de Alabama.

 La HB56 otorga poderes extraordinarios a la policía estatal y municipal para que sus efectivos arresten a cualquier persona si tienen la sospecha que sea indocumentado. También obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para comprobar el estado migratorio de sus trabajadores. Exige a las escuelas públicas que determinen la situación migratoria de los alumnos. Prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria. Impide a los propietarios de inmuebles alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y proscribe la creación de "ciudades santuarios". La ley no señala cuáles son los elementos para considerar una sospecha como razonable por lo que se teme que la policía utilizará criterios raciales. La norma penaliza el transporte o alojamiento de migrantes con lo que se obstaculiza las labores de asistencia y protección de los abogados y defensores de los migrantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), ha exhortado a las autoridades a que modifiquen la ley HB56 para sujetarla a las leyes internacionales de derechos humanos. "Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", indicó el organismo, a la vez que recuerdan que Los derechos a la libertad, integridad personal y no discriminación no pueden subordinarse a leyes migratorias.  La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda para bloquear, por la vía judicial, la entrada en vigor de la polémica legislación

México y 15 países de Centro y Sudamérica han solicitado a un Tribunal Federal la revocatoria de la Ley Migratoria de Alabama. Argumentan que la HB56 socava las relaciones con Estados Unidos y solicitan en su pedido "amicus curiae", o tercero interesado, que el tribunal federal declare inconstitucional la ley de Alabama. Anteriormente las cortes han bloqueado  secciones  de perfiles raciales de leyes migratorias estatales como la de Arizona, y las que copiaron a esta en Utah, Indiana y Georgia.

Como dijimos en nuestra entrada del 5 de septiembre pasado, estos actos “atentan contra la convivencia civilizada que se debe dar en el mundo y con mayor razón en un país forjado por el esfuerzo de hombres y mujeres que llegaron de otras latitudes en busca del sueño americano”.