ALABAMA Y LA ÚLTIMA LEY DE TERROR PARA INMIGRANTES ILEGALES

Alabama es un estado situado al sur de los Estados Unidos. Los primeros pobladores de los que se tiene registro, son las  tribus indoamericanas  cherokee, creek, choctaw  y chickasaw. Fueron descubiertos para occidente por los españoles Juan Ponce de León y Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Como gran parte del sudeste del país, tuvieron siempre gran influencia  francesa, española y luego latinoamericana. Hoy se han registrado en Alabama 187 mil latinos, pero si se suman los indocumentados deberían llegar a 250 mil.  El 65% son mexicanos, le siguen hondureños y guatemaltecos. La mayoría trabaja en criaderos de pollos, construcción y servicios, labores que los originarios del Estado no desean realizar.



Gobernador Robert Bentley



Siguiendo los pasos de Arizona, en abril de 2010 y Georgia, en mayo de 2011, el gobernador de Alabama, Robert Bentley, promulgó el 9 de junio de 2011 la ley HB56 que criminaliza la estadía indocumentada de personas, lo que en el resto del país es una falta civil, no penal. Pese al reclamo de colectivos sociales y defensores de los derechos humanos, la ley fue aprobada por amplia mayoría en el congreso estatal, debiendo entrar en vigencia a partir del 1 de septiembre. Los políticos son conscientes del temor que van a causar y esperan que esa sensación haga que los “indeseables” se vayan de Alabama.

 La HB56 otorga poderes extraordinarios a la policía estatal y municipal para que sus efectivos arresten a cualquier persona si tienen la sospecha que sea indocumentado. También obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para comprobar el estado migratorio de sus trabajadores. Exige a las escuelas públicas que determinen la situación migratoria de los alumnos. Prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria. Impide a los propietarios de inmuebles alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y proscribe la creación de "ciudades santuarios". La ley no señala cuáles son los elementos para considerar una sospecha como razonable por lo que se teme que la policía utilizará criterios raciales. La norma penaliza el transporte o alojamiento de migrantes con lo que se obstaculiza las labores de asistencia y protección de los abogados y defensores de los migrantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), ha exhortado a las autoridades a que modifiquen la ley HB56 para sujetarla a las leyes internacionales de derechos humanos. "Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", indicó el organismo, a la vez que recuerdan que Los derechos a la libertad, integridad personal y no discriminación no pueden subordinarse a leyes migratorias.  La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda para bloquear, por la vía judicial, la entrada en vigor de la polémica legislación

México y 15 países de Centro y Sudamérica han solicitado a un Tribunal Federal la revocatoria de la Ley Migratoria de Alabama. Argumentan que la HB56 socava las relaciones con Estados Unidos y solicitan en su pedido "amicus curiae", o tercero interesado, que el tribunal federal declare inconstitucional la ley de Alabama. Anteriormente las cortes han bloqueado  secciones  de perfiles raciales de leyes migratorias estatales como la de Arizona, y las que copiaron a esta en Utah, Indiana y Georgia.

Como dijimos en nuestra entrada del 5 de septiembre pasado, estos actos “atentan contra la convivencia civilizada que se debe dar en el mundo y con mayor razón en un país forjado por el esfuerzo de hombres y mujeres que llegaron de otras latitudes en busca del sueño americano”.