EL SALVADOR: CORTE SUPREMA LIBERA A MILITARES DEL CASO JESUITAS

Cuando entre 1979 y 1992 se hablaba de El Salvador en el mundo, se hacía referencia al Estado de Guerra que vivía ese país centroamericano que costó la vida a 75 mil personas, de los que 80% eran civiles ajenos a los grupos en pugna. La brutalidad de ambos bandos, llegó a extremos de cometer crímenes de lesa humanidad, tal como quedó constancia en el informe de la Comisión de la Verdad, denominado "De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador" dado a conocer el 15 de marzo de 1993, 26 meses después de la firma de los Acuerdos de Chapultepec que pusieron punto final a la sangrienta guerra civil salvadoreña. La mencionada comisión fue designada por las Naciones Unidas y estuvo conformada por el ex presidente colombiano Belisario Betancur, el venezolano Reinaldo Figueredo y el estadounidense Thomas Buergenthal.

La Comisión distinguió 32 casos considerados prototipo de la violencia de las partes beligerantes, la Fuerza Armada, los Escuadrones de la Muerte y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Destacan en ese grupo, el asesinato del Arzobispo Arnulfo Romero, ocurrida en marzo de 1980, atribuido a la acción de los escuadrones de la muerte. La  Masacre de campesinos de El Mozote y los homicidios de seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA), acontecidos en noviembre de 1989,  por obra de la Fuerza Armada y las ejecuciones extrajudiciales de alcaldes y miembros del gobierno llevadas a cabo por la guerrilla. A los 5 días de la presentación del informe, la Asamblea Legislativa promulgó la Amnistía aplicable a todos los actos de violencia producidos en el marco de la Guerra.

18 años después, en mayo de 2011, un Juez de la Audiencia Nacional de España ordenó la captura de 20 ex militares sindicados como autores del asesinato de los 6 jesuitas y dos colaboradoras, por delitos de asesinato terrorista y de lesa humanidad. También decretó la prisión provisional sin fianza y su captura a nivel internacional. La resolución se sustentó en los testimonios de ex embajadores y fiscales, así como en las declaraciones y pruebas recopiladas por la Comisión de la Verdad. El juez consideró que si bien se juzgó en su país a los acusados, el proceso llevado a cabo fue defectuoso e inconsistente. Los hechos por los que se les ha procesado ocurrieron cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la UCA, el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Baró y el salvadoreño Joaquín López, así como a la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.

Hoy, la Corte Suprema de Justicia decidió por 10 votos a favor y dos en contra, no capturar a los militares. Los magistrados explicaron que se trata de una orden administrativa y no operativa y que acatarán la difusión  de la Interpol solo con fines de “localización”. Agregaron que para capturarlos se requiere que el juez de la Audiencia Nacional española envíe al Estado salvadoreño una solicitud explícita de captura con fines de extradición y que, en tal caso, la Corte Plena tendría que volver a sesionar para analizar la petición. La noticia fue recibida con beneplácito por familiares y colegas de armas de los acusados quienes expresaron su satisfacción “porque esto le devuelve la paz y la tranquilidad al pueblo salvadoreño”. De otro lado, las organizaciones de derechos humanos opinan que todo el proceso "es una demostración que los que mandaron y mataron antes, siguen mandando y matando ahora".