CHILE: FALLA PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS

Según la Constitución Política de Chile, una de las funciones del Ministerio Público es la adopción de medidas de protección de víctimas y testigos. La Ley N° 19.640 (Ley Orgánica del Ministerio Público) crea la División Nacional de Atención a Víctimas y Testigos (DAVT), disponiendo que en las regiones se creen Unidades  para este fin, con carácter operativo para su atención y protección. La creación de un fondo económico específico, le ha permitido a las Unidades Regionales, la adquisición de implementos que faciliten la protección como celulares, alarmas personales, biombos que impiden que los testigos sean vistos, cámaras y circuitos cerrados, software para distorsión de voz etc. El Código de Procedimientos Penales, señala también esta garantía que deberán ofrecer los fiscales durante todo el proceso.

 Entre las medidas que pueden adoptar se encuentran las rondas de los carabineros en el domicilio del testigo, consultas telefónicas periódicas, alarmas o timbres de  emergencia, cambio de domicilio del testigo, variación del número telefónico, aseguramiento de defensas del domicilio y entrega de celulares. Puede pedirse autorización judicial para decretar medidas restrictivas de la libertad del imputado, su prisión preventiva, reserva de la identidad en el proceso y cambio de identidad, impedir la presencia de algunas personas en las audiencias, prohibición a fiscales y abogados de ambas partes de dar información a los medios de comunicación, etc.

Debido a que en Chile, el crimen organizado no tiene grandes dimensiones, se tiene la creencia, por parte de los operadores penales, que la protección de testigos no es tan necesaria, lo que es un obstáculo para dar las garantías suficientes a la ciudadanía. Es evidente que se requiere una coordinación a nivel policial para que estas medidas sean eficientes así como una coordinación internacional que permita enfrentar delitos transnacionales como la trata de personas, narcotráfico, etc. También se necesita contar con personal altamente calificado e inteligencia, protección de personas, custodia de instalaciones, etc. Recientemente se lanzó un Plan especial para protección de víctimas y testigos de casos complejos que comprometía a la Policía de Investigación, Carabineros y Ministerio Público.

Hoy se informó en Chile que dos viviendas resultaron destruidas por un incendio provocado a las 21 horas de anoche, en la zona de conflicto indígena del sector Tricauco, comuna de Ercilla. Las casas de propiedad de José Martín Martín, contaban con  vigilancia especial de Carabineros por orden de los Tribunales. Un testigo  declaró ante el fiscal que dos individuos habrían prendido fuego a la primera casa de este señor con combustible y como tiene una segunda casa adosada a la primera, también resultó quemada. José Martín Martín, declaró como testigo protegido y se logró dictar condena por delito terrorista para Patricia Troncoso Robles, alias “La Chepa”, Aniceto Norin y Pascual Pichún, como  autores del incendio al fundo Poluco Pidenco, de la empresa forestal Mininco, ocurrido en diciembre de 2001.



Rodrigo Hinzpeter y Sebastián Piñera



Por su parte, el Gobierno Regional confirmó que mañana el Intendente presentará una querella criminal contra quienes resulten responsables, en el Juzgado de Garantía de Collipulli. El ministro del interior y uno de los más cercanos colaboradores del presidente Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, y el Fiscal Nacional, Alberto Ayala, concordaron  al definir como "delicado y grave" el ataque que sufrió la casa del testigo en Ercilla. "Las personas que se han acogido al sistema de testigos protegidos para esclarecer un hecho delictual, han sido convencidos, bajo un esquema en el que el Estado les debe dar protección", declaró el ministro. Pidió que el Ministerio Público investigue los hechos con "la mayor celeridad, para tratar de esclarecer quiénes están detrás de este atentado". Ayala declaró que ya se iniciaron las investigaciones para aclarar cómo se filtró el nombre del testigo “y analizar con las entidades encargadas de la protección, cuáles son las falencias que han existido".

BOLIVIA Y CHILE SIGUEN SIN RESOLVER DIFERENDO



Territorios de Perú y Bolivia en 1879



Chile y Bolivia firmaron un tratado de límites en 1874 por el que se reconocía la soberanía boliviana en el Pacífico. Posteriormente, en 1878, Bolivia decide cobrar un impuesto al salitre explotado en su territorio, lo que es rechazado por la Compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta (de capitales chilenos). Ante tal rebeldía, Bolivia decide rematar los bienes de los evasores para cobrar los tributos impagos. Esto es utilizado por el gobierno Mapocho, como excusa para ocupar militarmente, con fuerzas del ejército y la marina, suelo boliviano en Antofagasta, Mejillones, Cobija y Caracoles. En 1879 Chile declara la guerra a Bolivia reivindicando los territorios como suyos y a Perú, pretextando que este país tenía un acuerdo secreto con Bolivia. Tras cuatro años de acciones bélicas se firma la paz mientras Chile ocupaba el Perú mediante la cual se apodera de Tarapacá, Arica y Tacna (esta última se devuelve al Perú en 1929), así como de las provincias litorales bolivianas, condenando a este país a la mediterraneidad. Chile se hizo de un vasto territorio, poseedor de ingentes riquezas en guano, salitre y cobre. A partir de ahí, quedó una herida siempre abierta en el sentimiento de la nación boliviana.



Evo Morales



132 años después del inicio de esta guerra de expansión, en su intervención en la 66 Asamblea de la ONU, el presidente del país del altiplano, Evo Morales hizo un informe sobre el estado del diferendo que mantiene con su vecino, pidiendo al organismo internacional que lo acompañe en el camino para recuperar su perdida soberanía al litoral. Del mismo modo anunció que piensa llevar este caso a las instancias judiciales internacionales sin dejar de propiciar espacios para el diálogo bilateral a fin de buscar solución a su enclaustramiento. “Entre Bolivia y Chile tenemos una demanda histórica para retornar al mar con soberanía”, expresó Morales. Los dos países sudamericanos iniciaron en 2006 tratativas diplomáticas con una agenda de 13 puntos en los que el tema marítimo ocupa un protagonismo especial, sin que se haya podido obtener resultados. “Bolivia se ampara en el derecho de la razón para acudir a un tribunal internacional de justicia porque su enclaustramiento es producto de una guerra injusta, de una invasión”, afirmó.



Sebastián Piñera



Por su parte, el presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró que su país no mantiene pendiente ningún asunto territorial. Sustentó su posición en la firma del acuerdo de 1904 por el cual se apropiaron de territorio boliviano y señaló que fue “válidamente negociado”. "Las partes lo aprobaron, sus parlamentos lo ratificaron y como la propia Bolivia lo ha reconocido, el tratado fue producto de una negociaron libre y consentida. Chile y Bolivia tenemos el deber de respetarlo y cumplirlo de buena fe", sentenció. Durante décadas, Chile se ha mantenido inflexible en la posibilidad de devolver el territorio que arrebató por la fuerza a Bolivia y ha constituido un poder militar inmenso detrás del que responde agresivamente ante cualquier propuesta de negociación al respecto. A pesar que el gobernante chileno señala su disposición al diálogo, deja en claro que nada hará variar la posición que mantienen sobre la imposibilidad de conceder una salida al mar soberana para Bolivia.