En diciembre de 1982, Guatemala se hallaba en Guerra Civil. Era gobernada por el general Efraín Ríos Montt quien en sus 16 meses de gobierno habría producido 334 masacres,[] 19 mil asesinatos y desapariciones,[] alrededor de 600 villas destruidas,[] 90 mil refugiados en países vecinos y un millón de desplazados dentro del país. El grupo guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y tres facciones subversivas más, constituían la Unidad Revolucionaria Nacional, aportaban una buena dosis de violencia irracional y realizaban trabajo político en organizaciones magisteriales, sindicales y campesinas. A inicios de ese año, las FAR llevaron a cabo actividades proselitistas en la comunidad Dos Erres, del municipio de La Libertad, departamento de Peten, al norte del país, que tenía una población de pequeños campesinos. Esto originó que el ejército concentrara un grupo de efectivos en esa zona, organizando la Patrulla de Autodefensa Civil para monitorear las comunidades vecinas, lo que fue rechazado por los pobladores de Dos Erres quienes sólo deseaban proteger su territorio, generándose el encono de las fuerzas militares de la zona quienes difundieron la noticia sobre la presencia de un contingente guerrillero.
En la madrugada del 6 de diciembre, un contingente militar y un destacamento de Kaibiles (fuerza de élite) ingresa al pueblo, supuestamente para recuperar 20 fusiles robados al ejército, saca a los habitantes de sus casas, separa hombres de mujeres, los interroga y registran las casas sin encontrar las armas y propaganda guerrillera que decían buscar. En la tarde comienza la masacre, violan a las mujeres y golpean en la cabeza a los niños hasta matarlos para luego arrojarlos a un pozo. A los adultos se les fusilaba lanzándolos también en la fosa. Estos demenciales sucesos culminaron el 8 de diciembre cuando un pequeño grupo de civiles ingresa al pueblo, siendo también ejecutados. Las investigaciones posteriores hablan de la muerte de 500 personas aunque judicialmente sólo se han comprobado 201. Luego se produjeron investigaciones y procesos judiciales dentro y fuera de Guatemala. El año 2000, el presidente Alfonso Portillo Cabrera admitió en público la autoría y responsabilidad por parte del Estado de algunos abusos, como el de Dos Erres. En diciembre de 2001 el gobierno pagó 14 millones de quetzales a los parientes de las víctimas de la masacre.
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| Pedro Pimentel en el tribunal |
A pesar que los familiares de los muertos y desaparecidos identificaron a 18 efectivos del ejército, recién en agosto de 2011, un tribunal condenó a los Kaibiles Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Colín y Carlos Carías a 6,060 años de prisión (uno por cada uno de los 201 muertos comprobados más 30 años por delito de lesa humanidad). La Fiscalía de Derechos Humanos guatemalteca ha pedido la misma pena para Pedro Pimentel, subinstructor de la escuela de Kaibiles y otro de los militares implicados. Según Pimentel, el 7 de diciembre de 1982 estaba en la capital, rindiendo exámenes físico y médico, así como gestionando su viaje a la Escuela de las Américas en Panamá y que nadie ha podido probar su presencia en Dos Erres, durante los días de la masacre. Sin embargo, los dos militares que son testigos clave del proceso aseguran haberlo visto en la comunidad y recuerdan que daba lecciones de cómo matar a una persona. El Tribunal Primero B de Mayor Riesgo de Guatemala condenó, también a 6060 años a Pimentel, dando valor probatorio tanto a los testimonios de los parientes de las víctimas como a los dos ex Kaibiles que lo inculparon. Esta sentencia se da, a pesar que la legislación guatemalteca contempla un máximo de carcelería de 50 años para sancionar los más graves delitos.
