No cabe duda que las
imágenes públicas de la gobernante brasileña, Dilma Roussef y del ex mandatario
de ese país, Lula Da Silva, son comparables con la de los líderes de los
carteles más destacados de la historia contemporánea latinoamericana. Estos dos
dirigentes del Partido de los Trabajadores de Brasil, empleando frases y
consignas de izquierda, evocando su pasado de dirigentes populares que
sufrieron carcelería y tortura y ofreciendo un futuro de emancipación y bonanza
a su nación, se hicieron del poder desde el 1 de enero de 2003 hasta la
fecha.
Estos 13 años en los
que detentaron el gobierno, habrían aprovechado la coyuntura económica de bonanza
para beneficiarse con prebendas multimillonarias. A Lula se le señala principalmente
por el escándalo llamado "petrolâo" que involucra a la empresa estatal Petrobras y las constructoras OAS y Odebrecht. Se especula que centenares de
funcionarios públicos se involucraron en este escandaloso caso de corrupción
que habría desviado 2,000 millones de dólares en sobornos. A Lula y a Dilma se
les involucra en la Operacâo Lava Jato (Operación lavado a presión), la más grande
investigación de corrupción en la historia de Brasil, mediante el cual se
habrían lavado más de 10,000 millones de Reales y que compromete a decena de
funcionarios nacionales y mandatarios de gobiernos sudamericanos.
A Dilma se la acusa
de heredar y beneficiarse del sistema corrupto que financió sus campañas
electorales y de obstrucción a la justicia. La presidenta enfrenta un juicio
político en la Cámara de Diputados y la acusación de maquillar las cifras de la
hacienda pública escondiendo deudas con la banca pública (habría atentado
contra la probidad en la administración y la ley presupuestaria). Si no
convence a los parlamentarios podría ser vacada y el vicepresidente Michel
Temer tendría que reemplazarla en la primera magistratura. Desesperada por el
estrechamiento del cerco político y judicial, Dilma quiso nombrar a Lula como
su Secretario de la Presidencia (una especie de
Jefe de Gabinete) para acorazarlo con inmunidad judicial, lo que ha sido
bloqueado por dos resoluciones judiciales.
El panorama político
y social de este país de 200 millones de habitantes y el quinto en extensión
con 8.5 millones de kilómetros cuadrados, se torna confuso y crítico.
Comentaristas políticos aseguran que de haberse dado la actual crisis en los
años 60 ya se hubiera producido un levantamiento militar y destituido a la
presidenta. Las fuerzas sociales comienzan a polarizarse y salen en marchas
callejeras. Las presiones, amenazas y chantajes son el producto del accionar
delincuencial de una supuesta Banda Presidencial.
