MÉXICO: 40 MIL MUERTOS CLAMAN POR LA PAZ

Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración del diario mexicano, EL UNIVERSAL, lamentó hoy que México sea uno de los países donde los periodistas en general "corren más peligro" a causa del accionar del crimen organizado, así como recalcó que decenas de comunicadores han perdido la vida, han desaparecido o vienen siendo hostilizados y reciben amenazas debido al libre ejercicio del periodismo. Ealy  Ortiz comentó los riesgos que sufren los periodistas de medios radiales, televisivos y escritos, en ocasión del II Encuentro Iberoamericano de Periodismo Científico, realizado en Avilés, Asturias (España).  Remarcó que su país es uno de los que muestra mayor índice de criminalidad contra los profesionales de la información, "mucho más que zonas que están en guerra".

El Licenciado  Ealy Ortiz, quien también es presidente de la Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), destacó la necesidad de proteger a los periodistas en el cumplimiento de su trabajo y su deber, por parte de la sociedad y del Estado. "Muchos periodistas ya no quieren escribir sobre el crimen organizado por el gran peligro que representa", reseñó.  “…si alguno cae en el cumplimiento de su deber o atentan contra su vida, la obligación del resto de los medios de comunicación es buscar la fórmula para ayudarle y seguir investigando  lo que el compañero estaba haciendo", agregó.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras, los últimos años fueron asesinados en México 80 informadores. Las causas de los atentados contra los hombres de prensa pueden ser de muy diverso origen, de los carteles de la droga, traficantes de personas, fuerzas de seguridad comprometidas con la delincuencia, etc. De 1999 a julio pasado, la Organización de las Naciones Unidades (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión, a la vez que han exhortado al gobierno para garantizar la libertad de expresión, a la vez que se alarman por la impunidad con la que se dan estos atentados. Recuerdan que de enero de 2006 a julio de 2011, han muerto 64 periodistas y han desaparecido 11. Las entidades internacionales también han recomendado que se fortalezca a la Fiscalía Especial que atiende los delitos cometidos contra la Libertad de expresión y la dote de autonomía y recursos y que se haga lo mismo con los Procuradores locales y la administración de justicia.

A fines de septiembre la SIP dijo que el gobierno del presidente Felipe Calderón carecía de voluntad política para acabar con la violencia contra los periodistas, administrar justicia y dar garantías para el ejercicio de la libertad de prensa. Este pronunciamiento fue precedido por el descubrimiento del cuerpo descuartizado de la periodista María Elizabeth Macías Castro del diario Primera Hora de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este crimen fue reivindicado por el Cartel de los Zetas. Recientemente, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, anunció  la pronta implementación  de un sistema centralizado de protección para periodistas, con presencia civil, que evalúe riesgos y ofrezca medidas cautelares. Por su parte, el Fiscal Especial para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas, estimó que el sistema pudiera empezar a operar en sus primeras fases en los próximos días. Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la SIP, pidió que los crímenes contra periodistas se federalicen, sean delitos agravados e imprescriptibles, que haya un sistema eficiente de protección para medios y reporteros con el apoyo de la sociedad civil, que se fortalezca el trabajo de la Fiscalía Especial, y que se establezca un protocolo para las fuerzas de seguridad que han limitado la labor periodística. 

Está claro que en este país resulta cada día más riesgoso ejercer la labor informativa y de opinión. Los periodistas, igual que los ciudadanos, están entre el fuego de los carteles del crimen y la delincuencia y los de un Estado ineficiente y falto de reflejos, cuando no corrupto, invadido por el cáncer del tráfico de drogas, que termina siendo la segura guarida de otros criminales con impunidad oficial para delinquir. Más de 40 mil mexicanos muertos en el último lustro, claman al mundo por la paz y que cese este baño de sangre.

 

MEXICO: MONTERREY DICE HASTA AQUÍ

El 25 de agosto de 2011, un grupo de aproximadamente 15 personas protagonizaron un sangriento atentado en Monterrey contra el casino Royale. El hecho es uno de los ataques más graves en la guerra desatada por los carteles de la droga contra el gobierno en el que la población es la más afectada. Costó la vida a 52 personas y dejó cuantiosos daños materiales y terror en el país. Estas instalaciones ya habían sido asaltadas en dos ocasiones este año, la primera el 17 de enero y luego el 25 de mayo. El 4 de mayo fue cerrado por la Municipalidad por ampliar sus instalaciones sin autorización, siendo reabierto el 31 del mismo mes por orden del Tribunal Contencioso Administrativo. La mayor parte de las víctimas murió asfixiada por el humo, refugiada en los baños y oficinas, huyendo de los asaltantes que rociaron gasolina, hicieron disparos y detonaciones de granadas y explosivos. Las salidas de emergencia del establecimiento se hallaban cerradas con llave y el segundo piso se desplomó. El casino se convirtió en un infierno sin salida.



Alcalde Larrazábal y Gobernador Medina



En los días siguientes se ha producido un intercambio de acusaciones entre el alcalde Fernando Larrazábal del Partido Acción Nacional (PAN) y Juana Treviño Torres, presidenta del Tribunal Contencioso- El alcalde señala responsabilidad en el Tribunal por ordenar la reapertura y la Presidenta sindica responsabilidad municipal por no verificar la operatividad de las salidas d emergencia. Los actos se atribuyen a Los Zetas y al Cártel del Golfo, facciones narcoterroristas mexicanas. El Gobernador del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina De la Cruz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en funciones desde 2009, ha informado la detención de 5 personas que serían responsables del atentado y ha anunciado la inminente captura de dos más. Sin embargo, la opinión pública regiomontana está harta de la violencia y corrupción que se vive en el Estado y el 28 de agosto se congregaron más de un millar de ciudadanos frente a sus oficinas, exigiendo su renuncia.

Hoy domingo 4 de septiembre, se produjo una marcha convocada desde las redes sociales, con el lema “Monterrey dice hasta aquí” en la Macro Plaza de Monterrey, en la Explanada de los héroes. Se concentraron cientos de personas pidiendo las renuncias del alcalde Larrazábal y del gobernador Medina, mostrando su indignación por la inseguridad en que se hallan los ciudadanos y la corrupción que se ha destapado tras el atentado al casino. Sin embargo, un grupo de simpatizantes del PRI, irrumpieron con pancartas y altavoces defendiendo a su gobernador y profiriendo ataques contra el presidente Felipe Calderón (PAN) y coreando el pedido de su renuncia. El público asistente lamentó que una manifestación pacífica se tornara en una agresión por parte de un grupo de choque que presumían, habría sido contratado por el PRI. La entonación del Himno Nacional puso fin a la reunión y a las notas de violencia que se querían repudiar en el acto.

México, un país dotado de un inmenso territorio pleno de riquezas naturales, con un pueblo laborioso que ha dado muestras de valentía y heroicidad a lo largo de su historia, se sigue desangrando por una demencial guerra iniciada por las mafias de la droga y el crimen, pero también herido por una corrupción profundamente arraigada en todos los niveles del poder. En medio de ese callejón que parece no tener salida, sus ciudadanos ponen la sangre con la que esa nación se ve bañada en estos tiempos. No debería esperarse que la existencia misma de la nación mexicana se vea en peligro, para actuar decididamente en cortar de raíz estos males. Para eso hace falta que los gobernantes sean ejemplares en su conducta y transparentes en su gestión.