Publicamos esta nueva colaboración de ESTEBAN POOLE FULLER, estudiante de Derecho y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Lima. Aunque no compartimos muchos de sus criterios, damos a conocer su opinión en el marco de la tolerancia real y el respeto a las ideas de los demás.
Nadie lo diría, pero los Padres Fundadores de USA eran terroristas a ojos de la corona británica. Simón Bolívar comandó una guerrilla que devastó Venezuela durante una década hasta expulsar a los españoles. En el Perú los seguidores del APRAen los años 30 eran perseguidos como violentistas y no se privaron de perpetrar atentados. Se acostumbra condenar enérgicamente el terrorismo como la conducta aberrantede quienes pretenden destruir el orden social. Sin embargo, la calificación de la subversión no es en forma alguna absoluta. Depende del contexto, de quienes detentan el poder y de la óptica desde la que se mire. Recientemente se ha producido un gran revuelo en el Perú a raíz del intento de ex subversivos de Sendero Luminoso de formar un partido político, MOVADEF (Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales). Los medios en general, y tanto personalidades progresistas como de la derecha dura, se han rasgado las vestiduras evocando hasta el hartazgolos crímenes de los antiguos terroristas y negando categóricamente la posibilidad de que participen en la vida política.
Vale recordar que Sendero Luminoso (SL) durante los años 80 y 90s desató una guerra interna en el Perú, que dejó decenas de miles de muertos (mayoritariamente campesinos indígenas). Aunque la contrainsurgencia militar no se quedó atrás en horrores, más de la mitad de las víctimas se atribuyen a SL, que realizó además sabotajes masivos y generó un clima dezozobra que facilitó al golpe de Estado del corrupto ex dictador Alberto Fujimori. Por tanto, aquella banda de fanáticos maoístas seguidores del sanguinario caudillo Abimael Guzmán (cuya liberación es el objetivo inmediato de su reorganización) nunca me ha inspirado simpatía. Pese a ello, no comparto la reacción histérica de la opinión pública oficial frente a su incursión en la política formal. Por lo anterior, me preocupa la respuesta del gobierno peruano frente a estos sucesos: proponer, con carácter urgente, reformar la ley de partidos para impedir categóricamente la participación de organizaciones que fomenten la violencia y desconozcan el orden democrático. Para cerrarle el paso a MOVADEF bastaba con que las instancias competentes le negaran la inscripción, siguiendo el procedimiento legal vigente. Un cambio en la ley de partidos peruana entraña peligros antidemocráticos, sobre los que no se ha dicho nada.
La exclusión de grupos juzgados de antidemocráticos fue por mucho tiempo un arma empleada contra grupos marxistas y anarquistas.En el Perú, por ejemplo el APRA (hoy en día un partido nada antisistema) fue ilegal hasta los 50s y la izquierda casi hasta los 80s. En Chile se proscribió en 1947 al Partido Comunista con una Ley de Defensa Permanente de la Democracia. La célebre cacería de brujas norteamericana de los 50s se justificó comodefensa de la democracia frente a los simpatizantes de izquierda. Y todo en nombre de una noción estrecha de régimen político: la democracia representativa. La democracia representativa es apenas una forma de entender la vida democrática, surgida en el siglo XIX. Se basa en un sistema de partidos, elecciones periódicas, parlamentos, gobiernos locales, grupos de interés. Es un sistema discutible, que despierta muchos cuestionamientos hoy en día, con el descrédito de los políticos formales y las suspicacias frente a la independencia de las instituciones frente a los grupos de poder económico. Proponer un orden distinto no tiene que implicar necesariamente una amenaza a las libertades ni debería ser un impedimento a la participación política. Caso contrario, los Indignados no tendrían oportunidad de organizarse.
Del mismo modo, fomentar la violencia abarca conductas muy diversas. Si los partidos piratas respaldan las acciones de Anonymous, ¿hacen apología del terrorismo? Incluso en ciertos contextos, desconocer a las autoridades e inclusive empuñar las armas puede ser una necesidad (¿qué podríamos decir de la resistencia antinazi en Europa si no?). El derecho a la insurgencia debe ser reevaluado. En ciertos sistemas está reconocido y puede ser necesario ante un régimen despótico o una situación de manifiesta injusticia social sin salidas institucionales. No puede meterse en el mismo saco a los zapatistas mexicanos que a Sendero. Si ex miembros o simpatizantes de guerrillas gobiernan en El Salvador, Brasil, Uruguay o Bogotá es porque su opción no fue totalmente irracional. Por otra parte, un grupo insurgente que respeta el derecho humanitario y la integridad de la población civil no puede ser equiparado a bandas de extremistas con prácticas de terror y aniquilación.
Si de grupos extremistas que desconocen el sistema democrático y fomentan la violencia se habla, ¿por qué han de ser necesariamente de izquierda? Los seguidores de Fujimori aplauden hasta hoy su golpe de Estado y régimen dictatorial y avalan el terrorismo de Estado y los escuadrones de la muerte que empleó. Si partimos de que no basta con observar las normas formales del sistema político y fuésemos a aplicar la ley para todos, ¿por qué no se discute su exclusión del orden democrático?. Para que no me malinterpreten los distraídos, insisto en oponerme a la participación concreta de SL en el sistema político peruano a través de MOVADEF. Sus crímenes, probados por una Comisión de la Verdad, son realmente imperdonables. A lo que me opongo es a cualquier cambio legislativo que restrinja la participación política en nombre del etéreo concepto de defensa de la democracia. Aunque pueda no simpatizar con los radicales creo que merecen ser escuchados. La exclusión política, una medida extrema, sólo debe aplicarse a quienes manifiesten un desprecio manifiesto por la vida y libertades básicas, como los nazis en Alemania o los seguidores de Pol Pot en Camboyay Sendero Luminoso en el Perú. La medida de una sociedad libre essu tolerancia a la disidencia y ésta se resiente cuando se restringe la participación de grupos y ciudadanos por criterios subjetivos, basados en qué tan aceptables son para el statu quo vigente.
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