Jaqueline Karen Atala Riffo nació en Chile el 20 de octubre de 1963, se graduó de abogada en la Universidad de Chile, accediendo al cargo de jueza de su país. En 1993 contrajo matrimonio con Jaime López con quien procreó tres hijas. En marzo de 2002, la pareja decide finalizar su unión matrimonial otorgando de mutuo acuerdo la tuición de las niñas a la madre, acordando un régimen de visitas del padre. En junio de 2002, Karen Atala inicia una relación de pareja con la historiadora Emma de Ramón quien se muda a vivir con ella en noviembre. En este proceso, tanto la madre como las hijas fueron asistidas por psiquiatras y psicológos y se hizo con el mayor cuidado posible, por lo que la adaptación a la nueva realidad fue natural y positiva. El 30 de enero de 2003, el progenitor demanda a la señora Atala aduciendo descuido y desamparo de la madre a través de su opción sexual distinta que afectaba a las menores en su normal desarrollo, destacando el riesgo de las niñas de contraer enfermedades de transmisión sexual como herpes y SIDA.
En octubre de 2003, la jueza de letras de Villa Rica rechaza la demanda aduciendo que la orientación sexual de la madre no constituye un impedimento para desarrollar una maternidad responsable. El padre apela en noviembre de 2003 y la Corte de Apelaciones de Temuco, confirma la sentencia en marzo de 2004. En abril de ese año, Jaime López presenta recurso de queja contra la Corte de Temuco, ante la Corte Suprema, por “abuso grave y notorio”, expidiéndose la sentencia el 31 de mayo, dando la tutoría definitivamente al padre, sustentada en que las niñas se encontraban en una “situación de riesgo” que las ubicaba en un “estado de vulnerabilidad en su medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegios y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento”.
A los pocos meses, la jueza Atala denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que en septiembre de 2010 solicitó a la CIDH que declare que “el Estado chileno incurrió en responsabilidad internacional por la (presunta) violación de los derechos a la igualdad y no discriminación, vida privada y familiar, familia, protección especial de las niñas, garantías judiciales y protección judicial”. Finalmente la Corte ha condenado al Estado de Chile hallándolo responsable por la violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación y ha ordenado, el 20 de marzo pasado al Estado que brinde atención médica y psicológica a la madre y a las tres hijas, que realicen un reconocimiento público a las víctimas, programen cursos de capacitación en temas de identidad de género y orientación sexual a los jueces e indemnizar a Atala y sus hijas por 60 mil dólares. Señalaron que “los argumentos y el lenguaje utilizado en decisiones judiciales internas mostraron que se otorgó relevancia significativa a la orientación sexual de la señora Atala para motivar sus decisiones, lo cual constituye una diferencia de trato basada en dicha condición”.
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| Jaime López |
Ante el fallo, la jueza Karen Atala ha declarado que lo recibe “con la certeza de que ha quedado claro que las familias son diversas en su composición e iguales en dignidad. Vivir de acuerdo a la identidad sexual de cada persona no será, como nunca debió ser, un impedimento para ejercer una maternidad y paternidad afectuosa, responsable, acogedora y cariñosa". Su ex esposo declaró que a los jueces de la Corte nunca les importó considerar la opinión de sus hijas ni les importó su realidad. "¿Cómo es posible que en un juicio internacional se considere 'víctimas' a tres de mis hijas, e incluso en su nombre se pidan indemnizaciones por los supuestos 'daños' que se les provocaron? Por años no se les preguntó a mis hijas, ahora adolescentes, si querían ser parte de ese juicio y si realmente se consideraban a sí mismas como 'víctimas'".
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