La segunda Sala de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina reabrió la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista en España, como exigían los organismos humanitarios y familiares de sus víctimas, informaron hoy fuentes judiciales. La Sala ha declarado, el 3 de septiembre, nulo el auto de la juez María Romilda Servini de Cubría por el que archivó la querella por genocidio presentada en Buenos Aires el pasado 14 de abril. Además aceptó la solicitud para que, usando la vía diplomática, se pida a España que informe si se investiga allí la existencia de "un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física" en el lapso que va del 17 de julio de 1936 en que estalla la sublevación contra la República, al 15 de junio de 1977 en que se dan las primeras elecciones libres luego de finalizado el franquismo tras la desaparición de Francisco Franco Bahamonde el 20 de noviembre de 1975.
La primera razón por la que un Estado debe perseguir un delito, según los jueces, es "la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, entendiendo a la persecución penal como un corolario necesario del derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en el que se establezca la existencia o no de la violación a su derecho, se identifique a los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes".
Entre las demandas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo y el español Darío Rivas (90 años), hijo de Severino Rivas, un alcalde gallego ejecutado, y la argentina Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado en 1936 cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.
La demanda fue ampliada poco después con diecisiete casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 víctimas de la dictadura en Galicia, quienes fueron identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años. La querella pidió listas de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura, e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas.
Esta decisión judicial argentina, se considera una reivindicación para el juez español Baltasar Garzón quien está suspendido como magistrado de la Audiencia Nacional y próximamente será juzgado por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) en el Tribunal Supremo, por iniciar una investigación sobre los desaparecidos durante el franquismo pese a la ley de amnistía de 1977.
Lo que debe quedar claro es que los genocidios no pueden quedar impunes por más que transcurran los años. Los muertos claman, desde sus tumbas, que se sepa la verdad sobre los crímenes que les segaron la vida. El mundo debe condenar y sancionar los actos de lesa humanidad quien sea el que los haya cometido; ya sea un dicatador fascista, un líder fundamentalista religioso, una banda terrorista, una cúpula totalitaria de partido único, un tirano tercermundista o cualquiera que abuse de su poder para matar, desterrar, mutilar, violar o saquear.
Cuando todos sepamos que este criterio impera en el mundo, viviremos más tranquilos.
Uno de los personajes mas repugnantes de la historia reciente es el tirano Franco, enano de estatura moral así como de talla. Sus fechorías azotaron España por 4 decadas y hasta hoy quedan heridas de aquellos años y no hay justificacion que sirva cuando se trata de robar y de matar.Deberían juzgar a los criminales de esa época, quienes todavía vivan y no esperar a que se mueran sin pagar sus culpas.
ResponderEliminar