Una perforadora T-130, apodada 'La Milagrosa' por las familias de los mineros, cavó en 33 días el ducto de 622 metros de extensión y unos 66 cm de diámetro, que permitió que el 13 de octubre de 2010, 33 trabajadores atrapados en un asiento minero en Copiapó, (ciudad norteña de Chile, situada a 800 kilómetros de Santiago, fundada en 1774 y de antigua tradición minera) fueran rescatados mientras eran vistos por millones de televidentes en el mundo.
31 mineros chilenos de los 33 que en 2010 estuvieron 70 días atrapados en la mina San José de Copiapó, a 700 metros de profundidad, han demandado este viernes al Estado de Chile, por 7.750 millones de pesos (unos 16,5 millones de dólares), argumentando falta de inspección, daño moral y falta de servicio según trascendió en el ámbito judicial.La demanda presentada por los mineros en el IX Juzgado Civil de Santia, por el abogado Edgardo Reinoso, exige una indemnización para cada uno de los afectados, de 250 millones de pesos (aproximadamente 535 mil dólares) y se fundamenta en que presuntamente el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) no fiscalizó de forma adecuada el yacimiento de la mina San José en el que ocurrió el derrumbe, que atrapó a los trabajadores el 5 de agosto del año pasado y que acabó en el operativo más espectacular en la historia de la minería, a pesar de que se habían detectado previamente un sinnúmero de fallas de ventilación y en las salidas de emergencia.
Esta mina está situada en la región de Atacama y tras un enorme esfuerzo y despliegue de medios encabezado por el Gobierno los mineros fueron rescatados, aunque muchos tienen aún secuelas sicológicas de la odisea y de todos ellos, sólo uno ha vuelto a trabajar en el sector.
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Los demandantes declararon a los medios locales que el Sernageomin incurrió en negligencia al permitir el funcionamiento de la mina, que ya había sido cerrada varias veces por incumplimiento de las normas sobre aireación, escapes de emergencia y registraba antecedentes con numerosos accidentes laborales. Los mineros, además, se mantienen a la expectativa de que la Fiscalía decida sobre la responsabilidad que eventualmente les cabe a los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, para proceder posteriormente a demandarlos y obtener otra indemnización. Algunos familiares se quejaron de haber sido engañados por el gobierno que les ofreció una serie de beneficios y atenciones no cumplidos hasta el momento.
Es evidente que antes, durante y después del salvamento, el gobierno trató se sacar dividendos políticos que hoy podrían convertirse en un boomerang contra ellos por haber descuidado un tema fundamental que algunos poderosos soslayan: el capital humano es el más importante.
Es evidente que antes, durante y después del salvamento, el gobierno trató se sacar dividendos políticos que hoy podrían convertirse en un boomerang contra ellos por haber descuidado un tema fundamental que algunos poderosos soslayan: el capital humano es el más importante.
Es que el Piñeira es puro show, parecía un payado el día del rescate y cuando se apagan las cámaras, nada po.
ResponderEliminarDiego, es claro que los mineros chilenos no han quedado satisfechos por la atención que les dio su Estado y tienen derecho de demandarlo en los tribunales, es un ejercicio democrático. El Presidente chileno apareció liderando las operaciones del rescate y su ministro de energía y minería tiene, desde ese momento más del 70% de aprobación. Pareciera que según la opinión pública chilena, se han preocupado por formalizar y poner orden en la actividad minera.
ResponderEliminarEs difícil creer que el presidente Piñera no haya cumplido con los compromisos que él adquirió con los 33 mineros y sobre todo con la minería chilena.
ResponderEliminarDe lo contrario me parece muy bien que estos mineros demanden al estado no solamente por US$500,000 cada uno, sino por mucho más. Servirá como ejemplo no solo para Chile, sino para toda América Latina donde funciona la minería informal y también la formal de una manera catastrófica, simplemente todas las normas técnicas y de seguridad brillan por su ausencia o simplemente nadie las cumple. Tan culpable es el que no las cumple como el que no las hace cumplir.
Nuevamente, gracias por escribir Simón. Un Estado como el chileno, que pretende acercarse al llamado "Primer Mundo" no debió permitir que la empresa tuviera esas condiciones de inseguridad y ahora está en la obligación de honrar sus compromisos.
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