El influyente diario The Washington Post, en un artículo publicado el 20 de agosto y elaborado por su editora asociada, Karen DeYoung y Claudia Duque, informó que la ayuda de EEUU se utilizó en hechos de abuso de poder en Colombia. Reconocen que la administración Obama cita a menudo a Colombia como una democracia próspera y a la ayuda que su país brinda para combatir a la guerrilla y narcotráfico, como modelo para la estrategia en Afganistán. Reconocen al ex presidente Álvaro Uribe como aliado durante 8 años, pero anotan que la asistencia americana y algunos de sus funcionarios estarían implicados en realizar espionaje y campañas de desprestigio contra jueces de la Corte Suprema de Justicia, opositores políticos y grupos de la sociedad civil. Citan como fuente, a documentos legales obtenidos así como entrevistas con fiscales y ex agentes de inteligencia.
Las revelaciones son parte de una investigación llevada a cabo por el Procurador General de la República contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los que 6 altos empleados de seguridad han confesado sus delitos y una docena de entidades oficiales están en evaluación. Muchos funcionarios cercanos a Uribe vienen siendo investigados y el propio ex mandatario está siendo escrutado por una comisión legislativa especial. Se reseña que los agentes americanos han negado conocimiento del tema y no se hallan bajo investigación, pero tal como ocurrió en Afganistán, parte de la ayuda recibida se utilizó en temas de la agenda política interna. Colombia, el amigo más cercano de Washington en América Latina, recibió 6 mil millones de dólares de EEUU entre 2002 y 2010, cuando gobernó Uribe. El total de ayuda combinada para este año ha bajado a 500 millones de dólares.
El diario señala que aunque la mayor parte de la ayuda sirvió para combatir a las guerrillas y carteles de la droga, la reputación de Colombia se ha deteriorado tanto que el actual presidente, Juan Manuel Santos, que fuera Ministro de Defensa de Uribe, ha tenido que prometer cambios en el DAS. Los procuradores aseguran que el gobierno de Uribe quiso neutralizar a la Corte Suprema de Justicia porque los magistrados estaban investigando vínculos entre aliados presidenciales en el Congreso colombiano y grupos paramilitares del tráfico de drogas. Se informa que del análisis de miles de páginas de documentos del DAS y de los testimonios de 9 de sus Jefes máximos, los procuradores consideran que la oficina presidencial direccionó a la agencia para investigar los movimientos bancarios de los magistrados, seguir a sus familias, poner micrófonos en sus oficinas y analizar sus sentencias.
Una vez más debemos decir que reconocemos la valentía del ex presidente Uribe en su lucha contra el flagelo de la violencia en Colombia, que supo defender la democracia y respetó la institucionalidad del país. Sin embargo, nada podría justificar que un estadista empleara métodos ilegales en su gestión pública. Las democracias se diferencian de los totalitarismos porque utilizan la legalidad y mantienen permanentemente el régimen constitucional de su país. Ahí reside la superioridad moral y la legitimidad. Si eso se pierde, se abren las puertas para la barbarie y las dictaduras en sus diferentes modalidades. Esperemos que los jueces lleguen a la verdad y que Colombia sancione sin titubeos a los que delinquieron, por más títulos o méritos que puedan haber tenido.
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