¿Sabían que el contrabando en la Francia del siglo XVIII tenía pena de muerte? De hecho, miles fueron ahorcados por tal delito. No simpatizo con los contrabandistas, pero éste era evidentemente un castigo bárbaro, propio del sistema mercantilista entonces imperante, que beneficiaba a unos pocos negociantes con rentas y monopolios. La revolución francesa y la industrialización derribaron aquel orden, no obstante, muchos de sus vestigios subsisten con corporaciones que pretenden sostener privilegios a cualquier costo. Ahora, como en el Antiguo Régimen, algunas pretenden incluso criminalizar a quienes democratizan el consumo cultural, reprimiendo la revolución tecnológica de nuestro siglo.
SOPA: Stop Online PiracyAct (Ley para frenar la piratería en línea) es el nombre de una iniciativa legislativa presentada en el congreso de los EEUU, junto a otra muy similar, PIPA: Protect IP Act (Ley para proteger los IP). Ambas normas pretenden endurecer las restricciones a la circulación en Internet de contenidos protegidos por copyright o derechos de autor. Ello ha provocado un inmenso revuelo en las redes, que ya muchos deben conocer: apagón de protesta de 24 horas de varios sitios con Wikipedia a la cabeza, cierre de Megaupload por el FBI al día siguiente, arrestando a cuatro de sus directivos en Nueva Zelandia; contraataque esa misma noche de Anonymus, haciendo colapsar los sitios del FBI, el departamento de justicia norteamericano, y las asociaciones cinematográfica y discográfica yankees (entre otros blancos).
¿Qué está en juego con esta sopa de letras legislativa? Primero que nada, SOPA permite al Departamento de Justicia norteamericano demandar a cualquiera que viole derechos de autor en cualquier lugar y sin necesidad de que los propietarios del copyright lo soliciten. En segundo lugar, será responsable cualquier dominio que albergue usuarios que violen el copyright. Además, podrán ser denunciados por permitir estas infracciones (por ejemplo, Youtube o dominios enteros de blogs). Asimismo, las compañías que provean servicios por descargas (como Paypal), publicidad (Adsense) o incluso que faciliten la búsqueda (Google), serán obligados a cortar su relación con los sitios denunciados. Los contenidos enviados y recibidos por usuarios podrán ser revisados por las autoridades y se bloqueará el acceso DNS (el link al dominio) a los sitios sancionados. Esto último sería una práctica análoga a ladel gobierno chino para censurar Internet con su Gran Muralla de Fuego. Algo más, los sitios que alberguen proxis que permitan esquivar el bloqueo serán igualmente sancionados: el despliegue de este tipo de tecnología facilitó enormemente el despliegue de las protestas de la Primavera Árabe.
Y la razón de una iniciativa tan peligrosa para las libertades individuales es la terca voluntad de legisladores (y grupos de interés) de sostener una noción muy estrecha de derechos de autor y propiedad intelectual. Los derechos patrimoniales de autor (los que exigen pagar por consumir multimedia) deben suprimirse de Internet. Ellos no benefician a la inmensa categoría de artistas y creadores. La parte del león se la llevan las industrias culturales: grandes disqueras, estudios de cine, editoriales, desarrolladores de software, broadcasters. Lo que producen con la minoría de artistas beneficiados con este sistema no es gran cosa: música pop enlatada, novelas de supermarket, series genéricas y cine de efectos especiales. La mayoría de la comunidad cultural estaría encantada con que sus obras encuentren una más vasta audiencia 2.0. Y no les faltarán medios de vida: los literatos dictarán clases en universidades y darán conferencias, los músicos harán más conciertos, los actores más teatro. Muchos no se enriquecerán pero en el sistema actual tampoco lo hacen.
No hay que perder la perspectiva: este es un conflicto de intereses entre compañías dinámicas y tecnológicamente innovadoras del ramo de Internet y software (que en USA genera $2.1 trillones y 3 millones de empleos) e industrias culturales rentistas. Ambas hacen lobby y las primeras tampoco son santas (recuerden Red Social). Pero en este contexto, son una fuerza de apertura y progreso contra grupos económicos que pretenden sostener un orden desfasado del que lucran a costo del avance tecnológico y de la calidad de vida. Si la ley SOPA se hubiese aprobado hace 10 años hoy probablemente no estarían leyendo esta entrada. No existirían Google ni Yahoo!, ni YouTube. Tampoco Flickr, ni Wordpress o Blogger. Puede que ni tan siquiera Twitter o Facebook. Incluso, es muy probable que gran parte del negocio de Amazon no se hubiese desarrollado y que compañías como Spotify o NetFlix jamás hubiesen aparecido porque nunca se habría creado la necesidad de que existiesen. Regular la realidad tecnológica del siglo XXI con normas del siglo XVIII es un contrasentido. Insistir en ello no sólo frena la expansión del acceso a la cultura sino que vulnera libertades fundamentales. Sería tener que soportar censura hasta en la sopa.
Colaboración de Esteban Poole estudiante de Ciencias de la Comunicación y Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú
No hay comentarios:
Publicar un comentario